25 de noviembre………………………..y entonces sucedió que…………………..

…………en la Inglaterra previa a la época victoriana, la tradición británica, confería al marido el estatus de “responsable legal” de su esposa, una especie de administrador de sus actos en los que, incluso jurídicamente, tal y como afirmaba el juez William Blackstone en su libro “Comentarios sobre la ley de Inglaterra”, era permisible, en los casos de supuestas malas conductas de aquellas, poder corregirlas empleando, si fuera necesario, el castigo físico, eso sí, de puertas para adentro, en un ámbito privado, doméstico.

En base a esta práctica, era admisible por tanto poder refrenarlas, de forma moderada, con la misma mesura y templanza con la que se reprendían los inadecuados comportamientos de los hijos, estableciéndose, mediante una supuesta ley no escrita, llamada la “regla del pulgar”, el grosor, que en ningún caso debería exceder la vara, el palo o bastón utilizados para, «legalmente», golpear a sus mujeres, siendo el equivalente al diámetro de un dedo pulgar, como máximo.

Tan extendida estaba la aludida costumbre que, dos pícaros ladronzuelos dispuestos a asaltar, a última hora de una fría tarde de noviembre de 1816, la tienda del señor Moses Levy en Londres, ideaban, para asegurarse la consecución de su plan, que uno de ellos permaneciera en el exterior, en la misma puerta del establecimiento, con la intención de informar, a aquellos que por allí transitasen, que el estruendo que pudiera escucharse sería producto de la reprimenda que el tendero le estaba dando a su mujer.

De este asunto informaba “The Morning Post” al día siguiente, bajo el título “Un robo atrevido” señalando que, nadie de los que pasaron por la puerta de la tienda en el momento del asalto, al escuchar aquellos gritos procedentes desde su interior, conocedores supuestamente del origen de los mismos, llegó a sentirse alarmado en modo alguno, decidiendo no inmiscuirse en lo que consideraron, tratarse de un “asunto familiar y privado”.

La violencia ejercida sobre la mujer ha sido desde tiempos inmemoriales un asunto que, o bien no trascendía, o lo hacía en muy contadas ocasiones, a la luz pública, muchas veces por el temor de las propias agredidas a denunciar estos actos, desarrollados, la mayoría de ellos, en un entorno familiar.

El primer caso de violencia de género registrado en España data de 1619, en tiempos de Felipe III, cuando una mujer de Alcalá de Henares, Francisca de Pedraza decidía poner fin a su calvario, denunciando al que hasta entonces era su marido, Jerónimo de Jaras acusándolo de ejercer violencia sobre ella desde casi el mismo momento de su casamiento, hacía ya siete años.

El detonante de su decisión fue la enésima agresión sufrida, a plena luz del día y en la misma calle, estando en su quinto mes de gestación, recibiendo tal cantidad de golpes, algunos en el vientre, fruto de los cuales perdía la criatura que llevaba en sus entrañas, siendo aquel el segundo embarazo interrumpido por estos mismos asuntos.

Considerándose, desde ese instante, liberada de las promesas ofrecidas en su día frente al altar, acudía firmemente decidida a la justicia ordinaria que, para su sorpresa, se declaraba no competente para tratar dichos «asuntos sagrados», remitiéndola a un tribunal eclesiástico.

Antes de iniciarse el proceso, el párroco de la antigua iglesia de Santa María la Mayor, trataba de cambiar aquel deseo de solicitar la anulación de su matrimonio haciéndole comprender los “sacrificios y renuncias que a veces comporta la vida”.

Sin embargo a Francisca no la detendría aquel intento del sacerdote por salvaguardar su matrimonio, al considerar que aquella parte del aludido sacrificio ya lo había cumplido con creces. Ante el tribunal eclesiástico, reunido al efecto, para tratar su asunto, llena de pudor pero resuelta y con valentía en querer demostrar sus acusaciones, desabrochando su camisa mostraba su cuerpo completamente lleno de marcas, cicatrices y moratones.

El tribunal visiblemente consternado, tras contemplar las numerosas pruebas fehacientes, no pudiendo permanecer indiferente, emitía sentencia, rubricada por el licenciado Lorenzo de Yturrizarra, en la que reprobando la actitud del marido denunciado, le conminaba a que en lo sucesivo;  —«fuese bueno, honesto y bien considerado con la demandante, no volviendo a hacer semejantes malos tratamientos como se dice que le hace»—.

Al llegar a casa, acusada de delatora recibiría una de las mayores palizas que hasta entonces había sufrido, quedándose tirada, casi muerta, en el suelo de la entrada de su casa durante horas. Desilusionada, tratando de hacerse “lo más invisible posible” sin alternativas de a dónde poder acudir en busca de esa justicia que no encontraba, tras un encuentro casual con el nuncio del Papa Urbano VIII, en España, Inocenzo Massimia, este le aconsejaba llevar su caso a la jurisdicción Universitaria.

Allí, cinco años más tarde de su primer juicio, en la corte de justicia de la Universidad de Alcalá se celebraba este sorprendente pleito de divorcio, estando al frente de dicho tribunal el primer rector graduado en derecho canónico y privado, Álvaro de Ayala que tras varias semanas de litigio dictaba una sentencia condenatoria pionera y ejemplar, concediéndole el divorcio y condenando a su maltratador, a la devolución íntegra de la dote matrimonial así como la prohibición de acercarse a la víctima, por sí, o por medio de persona interpuesta.

Lamentablemente esta sentencia pionera quedaría como una excepción a la norma general durante los siglos venideros, ya que no sería hasta trescientos setenta y tres años más tarde, con el asesinato de Ana Orantes en 1997 tras revelar, en un programa de televisión de Canal Sur, las palizas que a sus 60 años y con ocho hijos, había padecido, durante los cerca de cuarenta años que había durado su matrimonio por parte de quien había sido, hasta el año anterior, su marido, José Parejo, siendo trece días después de aquella pública aparición asesinada por aquel, cuando una conmocionada sociedad exigiría un mayor amparo para este tipo de víctimas carentes de protección alguna.

En 2003, un año antes de la Ley integral comenzarían a contabilizarse las víctimas por violencia de género. La primera, asesinada la noche de Reyes de 2003, Diana Yanet Vargas Carvajal, de 28 años, arrojada por el balcón por quien era su pareja, el sueco de 34 años Harald Mikael Robert Hellstrom. A día de hoy son ya 1.171 las víctimas mortales por Violencia de Género.

Mediante la resolución 54/134 de 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, designaba el 25 de noviembre, de un día como hoy, el —«Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer»—.

Por todas vosotras.

 —«Mi silencio no me protegió. Tu silencio no te protegerá»—. (Audre Lorde)